El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció una nueva directiva para estandarizar los requisitos de todas sus subvenciones y acuerdos de cooperación, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional, reducir la burocracia y proteger los recursos de los contribuyentes.
La medida fue formalizada este 31 de diciembre de 2025, cuando la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, firmó un memorando que ordena a todas las agencias y oficinas del USDA que adopten de manera inmediata un conjunto único de Términos y Condiciones Generales para futuras adjudicaciones.
¿Qué cambia con esta decisión?
Hasta ahora, cada agencia del USDA utilizaba sus propios términos y condiciones, lo que generaba:
- Más de 100 documentos distintos
- Más de 2.200 páginas de requisitos
- Barreras administrativas para productores, pequeños negocios y organizaciones
Con la nueva directiva:
- Todos los programas usarán las mismas reglas
- Los beneficiarios deberán revisar 50 páginas o menos
- Se facilitará la aplicación rápida de nuevas políticas y prioridades federales
Mayor control y rendición de cuentas
Según el USDA, esta estandarización permitirá actuar con mayor rapidez cuando los beneficiarios, subbeneficiarios o contratistas no cumplan con la ley federal o con órdenes ejecutivas vigentes.
Durante el año fiscal 2025, el Departamento distribuyó más de 145 mil millones de dólares a través de 287 programas, otorgando cerca de 38.000 nuevas subvenciones. Actualmente existen más de 50.000 adjudicaciones activas, lo que, según la agencia, hace indispensable un sistema uniforme de supervisión.
Enmarcado en un plan de seguridad nacional agrícola
El USDA explicó que esta medida forma parte del Plan de Acción de Seguridad Agrícola Nacional y de la Orden Ejecutiva 14332, orientada a mejorar la supervisión del otorgamiento de fondos federales, así como de otras órdenes y memorandos firmados durante 2025.
La agencia sostiene que el nuevo enfoque busca reducir cargas innecesarias, mejorar la eficiencia del gobierno y garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a la ley y a los objetivos originales de los programas.